Sibila Camps

Al menos 171 mujeres ya fueron asesinadas en 2008 por la violencia de g énero. El relevamiento realizado por Clarín, a partir de publicaciones en medios on line, revela que no son las únicas víctimas extremas: los homicidas mataron también a sus propios hijos o hijastros (13 casos), y a otros 7 familiares que intentaron frenarlos. Después del ataque, 47 se suicidaron y dos perdieron la vida en manos de sus hijos adolescentes. La cuenta debería motivar respuestas de la misma magnitud: 240 muertes en el contexto de la violencia de género.

Las víctimas de femicidio (29 de ellas, menores de 18 años) tenían desde 7 meses hasta 82 años, y en estos dos casos también fueron violadas. El registro no incluye dos asesinatos emblemáticos --los de Rosana Galliano y la maestra Andrea Pajón, quienes habían denunciado agresiones de sus maridos--, porque hasta ahora la justicia no halló autores ni responsables.

“El costo de la violencia de género es tremendo para la sociedad --alerta Rafael Barca, presidente de Amnistía Internacional de Argentina--. La primera que lo paga es la mujer, pero toda la sociedad se deteriora. En primer lugar la familia, y muy directamente los hijos; la violencia engendra violencia: seguramente se convertirán en seres violentos, y con menos posibilidades de desarrollo”.

El “concepto de violencia de género permite advertir que las relaciones entre hombres y mujeres no son igualitarias y que en la sociedad persiste una imagen desvalorizada de las mujeres. También que, a diferencia de otras formas de agresión, el factor de riesgo o vulnerabilidad es el hecho de ser mujer”, reflexiona la defensora General de la Nación, Stella Maris Martínez. Por esa razón hoy, en muchas ciudades, las mujeres reclamarán leyes específicas, que no absorban la violencia de género dentro de la violencia familiar.

Salvo unas pocas excepciones, nadie ha organizado marchas por estas mujeres y niñas asesinadas. “Para muchos hombres, la inseguridad empieza cuando salen a la calle; para muchas mujeres, cuando entran a su casa --destaca Barca--. Hay tolerancia social. La violencia de género necesita del caldo de cultivo de la discriminación: está naturalizada, porque se naturaliza la discriminación”.

Amnistía Internacional (AI) dio a conocer ayer Muy tarde, muy poco, un documento sumamente crítico hacia el Estado argentino. Allí señala que, a doce años de la ratificación de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, es escasa la respuesta del Estado, y magros los resultados.

“Es una concepción estrecha de los derechos humanos --observa el titular de AI--. Ha habido muchos avances contra la impunidad, pero la mujer también tiene derecho a vivir sin violencia. En la Argentina, las mujeres están mucho más expuestas y desprotegidas que los hombres. Y el Estado está fallando en su obligación legal y moral de protegerlas a todas”. En el Consejo Nacional de la Mujer, cuyo exiguo presupuesto fue objetado por AI, dijeron que estaban en conocimiento del documento, pero que no podían responder a Clarín por estar preparando los actos de hoy.

Organismos oficiales y ONGs coinciden con AI en que la mayor prevención, apostando a un cambio profundo, debe hacerse en el sistema educativo, en la currícula y en las relaciones entre docentes, y con alumnas y alumnos.

“Otro gran capítulo es el de los medios de comunicación: ¿cuánto están aportando al fomento de la trata y del abuso sexual? ­--se pregunta Estela Díaz, coordinadora del Programa de Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de la Secretaría de Derechos Humanos bonaerense--. Hay imágenes que alientan el abuso sexual infantil, que se programan de noche pero se publicitan durante todo el día”.

Tener una base nacional de datos unificada es prioritario: la falta de cifras oculta el problema e impide tomar medidas correctas. AI propone además convocar a una mesa nacional contra la violencia de género, que permita la difusión de experiencias, y cuente con fondos. Organismos como el Consejo Nacional de la Mujer deben tener financiación, equipos técnicos y poder político, algo que por ahora está ausente , señala Mabel Bianco, presidenta de FEIM.

Ése es el reclamo mayor, también de AI: “Si la Presidenta, los ministros y los gobernadores manifestaran públicamente que el Estado no tolerará semejante violación de los derechos humanos, la Policía, los jueces, los agentes del Estado darían una respuesta positiva a las víctimas que van a buscar ayuda”.